Compromiso con la Educación: Gobierno de Tabasco Regularizará la Totalidad de los Planteles Escolares para 2026

El titular de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), Francisco Sánchez Ramos, anunció que el Gobierno del Pueblo tiene como meta prioritaria dotar de certeza jurídica a más de dos mil planteles escolares a partir de marzo de 2026.

Esta iniciativa, instruida por el gobernador Javier May Rodríguez, busca abatir un rezago histórico de más de 30 años en la titulación de predios destinados a servicios públicos educativos, garantizando que cada institución cuente con el respaldo legal necesario para su funcionamiento y mejora.

Proceso Técnico y Levantamientos Topográficos

Para cumplir con este objetivo en tiempo y forma, las brigadas de la Dirección Técnica y Procesos de la CERTT ya se encuentran desplegadas en territorio realizando los trabajos preliminares.

Las acciones actuales incluyen:

Levantamientos topográficos detallados en terrenos e inmuebles escolares.
Integración de expedientes técnico-jurídicos para cada centro educativo.
Diagnóstico de la situación patrimonial de los predios.

Sánchez Ramos enfatizó que el reto establecido por el mandatario estatal es concluir el proceso de legalización y titulación durante el transcurso del próximo año, permitiendo así «levantar bandera blanca» en materia de propiedad educativa.

Coordinación Interinstitucional

Debido a la complejidad de la tenencia de la tierra en el estado, la CERTT trabaja de manera conjunta con diversas instancias para agilizar los trámites según el origen del predio:

Predios en Fundo Legal: Se suma el esfuerzo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), la Secretaría de Educación de Tabasco (Setab) y la Consejería Jurídica.
Predios Ejidales: Se mantiene una colaboración estrecha con el Registro Agrario Nacional (RAN) para la regularización de las escuelas ubicadas en zonas rurales.

Con estas entregas, el Gobierno de Tabasco cubrirá una deuda histórica con el sector, permitiendo que las comunidades escolares tengan la seguridad de que sus instalaciones pertenecen legítimamente al pueblo y son aptas para recibir inversión pública.