Ayuntamiento de Centro aclara reglas para la transferencia de concesiones en mercados

El Ayuntamiento de Centro aclaró que el Reglamento de Mercados vigente contempla la posibilidad de transferir los derechos de las concesiones a familiares directos en determinados supuestos, mientras que prohíbe la venta o renta de espacios públicos entre particulares.

La explicación fue emitida luego de la manifestación de un grupo de personas que se identificaron como locatarios del mercado público José María Pino Suárez y que acudieron al Congreso del Estado para plantear sus inconformidades respecto a las disposiciones que regulan sus espacios comerciales.

El subdirector de Mercados, Carlos Mario López, señaló que la última reforma sustancial al reglamento se realizó el 7 de agosto de 2021, cuando la vigencia de los permisos pasó de periodos de uno, tres y cinco años a un plazo de hasta 10 años. Agregó que los artículos 63 y 64 contemplan la transferencia de derechos a hijos, nietos, cónyuge o hermanos en casos de fallecimiento o incapacidad permanente del titular.

El funcionario sostuvo que estas disposiciones buscan mantener los derechos dentro del núcleo familiar, al tiempo que establecen restricciones para evitar que los espacios públicos sean comercializados entre particulares. También explicó que cualquier modificación al reglamento corresponde al Ayuntamiento, a través del Cabildo, conforme a las facultades establecidas en la legislación municipal.

López afirmó que el Ayuntamiento mantiene una mesa de diálogo con comerciantes del mercado Pino Suárez y señaló que la reciente modificación al reglamento fue de carácter administrativo, relacionada con el cambio de denominación de la Coordinación de Mercados a Subdirección de Mercados.

Por su parte, representantes de comerciantes han planteado ante el Congreso del Estado la necesidad de revisar jurídicamente las modificaciones y han solicitado certeza sobre la situación de sus espacios. Una propuesta presentada por una diputada local plantea establecer una mesa institucional entre el Ayuntamiento y los locatarios para revisar las condiciones jurídicas y administrativas de los mercados.