Sheinbaum firma decreto para limitar la reserva discrecional de información gubernamental

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este martes un decreto para fortalecer la transparencia y evitar que funcionarios públicos puedan decidir de manera discrecional qué información gubernamental debe mantenerse reservada.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que actualmente existen disposiciones que permiten reservar información relacionada con temas de seguridad nacional o procedimientos judiciales y administrativos. Con el nuevo decreto, estas decisiones dejarán de depender del criterio individual de funcionarios.

Sheinbaum adelantó además que, al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso, enviará una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia, con el objetivo de incorporar las nuevas disposiciones a la legislación vigente.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que la medida busca fortalecer el principio de máxima publicidad y ampliar el acceso de la población a la información pública, incluso más allá de las obligaciones establecidas actualmente por la ley.

El decreto contempla cuatro áreas principales: contrataciones públicas; filiales de Pemex y CFE; fiscalizaciones y auditorías, además de una invitación a estados, municipios y otros poderes para sumarse a la política de máxima publicidad.

Entre los cambios destaca que los contratos, incluidos los correspondientes a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, deberán publicarse mensualmente y no cada tres meses como ocurre actualmente.

Asimismo, se plantea reducir las 173 categorías de reserva de información existentes para concentrarlas en asuntos relacionados con seguridad nacional y procesos bajo litigio. Incluso en estos casos deberán publicarse versiones públicas de los documentos, de acuerdo con lo informado por Buenrostro.

El decreto será publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, con lo que el gobierno federal busca establecer mayores mecanismos de transparencia y limitar la posibilidad de que la información pública sea reservada por decisión discrecional de funcionarios.