Detienen en CDMX a abogado de normalistas de Teteles; estudiantes denuncian represalia

Alejandro Martínez Martínez, abogado y defensor de derechos humanos que representa a estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, Puebla, fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, lo que provocó reclamos de las normalistas y organizaciones estudiantiles, quienes calificaron el hecho como una detención arbitraria.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), agentes de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Martínez Martínez por su probable responsabilidad en el delito de despojo, relacionado con la ocupación de las instalaciones de la Normal.

La autoridad ministerial sostiene que los hechos ocurrieron el 19 de agosto de 2025, cuando presuntamente el abogado indicó a integrantes del comité estudiantil que impidieran el acceso a directivos, docentes y una comitiva oficial al plantel.

La Fiscalía señaló que, como parte de la investigación, se realizaron diligencias periciales y testimoniales para acreditar la posesión de las instalaciones y posteriormente se obtuvo el mandamiento judicial para detener al representante legal.

La versión de las estudiantes es distinta. El Consejo Estudiantil Juventud Libre y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México denunciaron que Martínez fue interceptado afuera de su domicilio, presuntamente golpeado y subido a un vehículo sin identificaciones oficiales visibles. Consideraron que su arresto constituye una represalia por su labor de defensa de la Normal Rural.

La detención ocurre en medio de un conflicto que se ha intensificado en la Normal de Teteles. El pasado 17 de agosto se registró una agresión contra las instalaciones, con piedras y cohetes, que dejó a tres alumnas lesionadas, una de ellas con quemaduras de segundo grado, según las estudiantes.

Tras su detención, Alejandro Martínez fue trasladado a Puebla y quedó a disposición de un juez de control, quien deberá determinar su situación jurídica durante la audiencia inicial.

Las organizaciones estudiantiles exigieron su liberación y pidieron que se respeten sus derechos, mientras que la Fiscalía sostiene que la captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial.